CIUDAD DE MÉXICO, 7 de septiembre.- El bloque del PRI, PAN y el sector del PRD favorable al Pacto por México aprobaron anoche en lo general el dictamen de la reforma financiera y dejaron en reserva el addendum que se introdujo el miércoles por la noche, hasta en tanto no se revisen con puntualidad las propuestas que se consideran “una bola rápida”.
Los diputados decidieron no parar la iniciativa en lo general, pero sí darse tres días—el lunes se vuelven a reunir en comisiones— para contrastar la anterior reforma financiera y el addendum introducido el miércoles por la Secretaría de Hacienda, y para que les expliquen qué le cambiaron y los efectos de esos cambios.
El addendum incluye, entre otros asuntos, las nuevas reglas para los sistemas de pagos o medios de pagos que para algunos regulados podría suponer control de precios, además de cambios en las prácticas de venta del mercado bursátil y extender responsabilidad inclusive en pena física a casas de bolsa, por la información que proporcionen a emisores intermediadas por ellas.
El PRI decidió no aprobar ninguna iniciativa que pueda causar conflictos con los actores económicos. Por ello se decidió parar el addendum, a pesar de las presiones de los cabilderos que rondaron la Cámara de Diputados.
Anoche, con 29 votos favorables, uno en contra y dos abstenciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló el texto enviado por el Ejecutivo que da nuevo marco jurídico para la banca comercial y de desarrollo, cuyo propósito es ampliar las posibilidades de acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas.
En la Comisión de Justicia, hubo 17 legisladores en favor y tres en contra.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el panista José Isabel Trejo Reyes, consideró viable que el dictamen se someta al pleno el martes.
En la sesión del próximo 9 de septiembre, los siete grupos parlamentarios del Congreso de la Unión fijarán postura en torno de la reforma.
Uno de los puntos pendientes se refiere al tipo de derechos que tendrá la banca comercial frente a los deudores, quienes perderían los bienes en garantía en caso de incumplir en tiempo y forma el pago de los créditos.
El priista Ricardo Fidel Pacheco, al frente de la Comisión de Justicia, celebró el grado de consenso alcanzado ayer. Lo calificó como suficiente para sacar adelante esta reforma que el presidente Enrique Peña Nieto envió a San Lázaro desde mayo pasado.
PACTO. Dar créditos a pequeñas y medianas empresas es parte de los compromisos del Pacto por México.
El dictamen respaldado anoche en lo general, adiciona y deroga 34 ordenamientos jurídicos y prevé el establecimiento de un buró de las entidades bancarias, cuyo propósito sería proteger a los usuarios con información que les permita discernir las condiciones que más les favorecen en la gestión de créditos.
Fernando Cuéllar Reyes, en representación de la corriente del PRD que es favorable al Pacto por México, se manifestó en favor de la reforma y llamó a los legisladores del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y de su propia fracción parlamentaria —adscritos al ala que rechazó el dictamen—a participar en la discusión del addendum y de las reservas a la iniciativa de todas las fuerzas políticas.
Tomás Torres Mercado, en representación de la bancada del Partido Verde Ecologista de México y secretario de la Comisión de Hacienda, se pronunció en el mismo sentido, al considerar que sacar dicho addendum expresará la capacidad de acuerdo de los grupos parlamentarios y su voluntad política en favor de las coincidencias.
Aunque la reforma financiera fue presentada por el Ejecutivo federal, su contenido da cumplimiento a los compromisos 62 y 63 del Pacto por México, correspondientes a incentivar el otorgamiento de más créditos a la población que ahora carece de eso.
Con estos cambios legislativos se busca una mayor presencia de la banca de desarrollo en el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el fomento de la competencia en el sector bancario y financiero, para abaratar tasas y costos de los préstamos.
Otro de los cambios que implica el nuevo esquema financiero que procesan los diputados es que se establece un límite a la banca comercial para la compra de valores gubernamentales, para que amplíen los créditos, con el propósito de que las ganancias no las centren en esa inversión segura, sino en los préstamos que otorguen a la población.
