CIUDAD DE MÉXICO, 1 de mayo.- El pleno del Senado de la República aprobó ayer castigar con hasta 15 años de prisión a quienes comercialicen fármacos caducos o falsos y ordenó la creación de un registro de todos los medicamentos que circulan en el territorio nacional, los cuales contendrán códigos bidimensionales para garantizar su autenticidad.
Se trata de una reforma a la Ley General de Salud que ordena a la secretaría federal del ramo llevar “un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación.
“Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación.
“Asimismo el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su contenedores, ya sea caja, frasco o bote”, precisa parte de la reforma.
También advierte que, además de características específicas como fecha de elaboración, de caducidad, lote, en su caso, la institución del Sector Salud o farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización, deberán contener etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, y en la nota de venta aparecerá la autorización de adquisición del producto, por parte de la Secretaría.
De igual forma, el Senado modificó la minuta enviada por la Cámara de Diputados sobre un cambio en la Ley General de Salud que facilita el acceso a medicamentos genéricos y biotecnológicos, previa prescripción médica de la sustancia activa.
Establece que cuando se trate de medicamentos genéricos, el emisor de la receta deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia.
Aprueban varias iniciativas
Ayer, durante el último día de sesiones del periodo ordinario del primer año de la LXII Legislatura, los senadores aprobaron 43 dictámenes, de los cuales ocho fueron en sentido negativo.
Entre los dictámenes positivos, el Senado avaló a Alejandro Ramos Esquivel como nuevo director general de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, quien fue elegido con el voto unánime del pleno.
Hubo también tres reformas constitucionales, una para garantizar el derecho de la juventud a un desarrollo integral mediante la protección de sus derechos humanos y garantías reconocidas en la Carta Magna; otra más para garantizar el derecho de los niños y las niñas a la identidad y a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer, con lo cual se fomentará la inscripción por parte de la población; y otra sobre los registros de bienes inmuebles.
Otras tres, sobre la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cinco de la Ley General de Salud.
Mientras los senadores estaban en el frenesí de aprobación de dictámenes, los legisladores Mariana Gómez del Campo (PAN) , Mario Delgado (PRD) y Raúl Morón (PRD), anunciaron que el Senado se basará en la reforma aprobada por la Cámara de Diputados en materia de bullying, para construir la legislación en ese tema, porque consideran que reúne gran parte de las iniciativas que se han presentado.
“La minuta que llegó al Senado y que considera reformas a 13 artículos de la Ley General de Educación es la base para una iniciativa de mayor calado, es un proyecto que está inacabado y que en el Senado tenemos la obligación de perfeccionar”, dijo la panista Gómez del Campo.
El pleno del Senado también aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para conformar una Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales.
La Comisión será encabezada por el panista José María Martínez y sus integrantes serán Patricio Martínez García, del PRI, y Manuel Camacho Solís, del PRD.
Otra comisión será la Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos, que presidirá el priista Jesús Casillas Romero.
Frenan dos compromisos de Peña
A pesar de que Enrique Peña Nieto presentó en septiembre y noviembre su propuesta para hacer realidad dos de sus promesas de campaña, una referente a elevar los niveles de transparencia y otra para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, el Congreso de la Unión no le permitió hacer realidad ninguna de las dos.
Y es que ni el Senado de la República ni la Cámara de Diputados superaron las diferencias internas para que estos dos temas formen parte de las innovaciones de Peña Nieto; en ambos esfuerzos, frustrados hasta el momento, la posición del Partido Acción Nacional (PAN) fue decisiva.
Fue el 13 de septiembre del año pasado cuando el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coordinado por Emilio Gamboa Patrón, presentó en el Senado la iniciativa de reforma constitucional para fortalecer el perfil del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), con el fin de que este sexenio se caracterice por ser el más transparente y con el mayor nivel de rendición de cuentas.
Sólo tres días antes, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto explicó que la idea de presentar esta propuesta, a tres meses de asumir el poder presidencial, era tener nuevas reglas constitucionales al momento de comenzar su gobierno.
Pero tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron su propia iniciativa; después los perredistas exigieron que el debate se abriera a los especialistas.
Con la unanimidad de 113 votos, el pleno del Senado de la República aprobó el 20 de diciembre la reforma en materia de transparencia que fortalece al IFAI para eliminar las prácticas de opacidad sobre el manejo de recursos públicos en toda la administración pública de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.
La reforma constitucional en materia de transparencia creó el sistema de rendición de cuentas, con la coordinación entre el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Dirección General de Archivos.
Los cambios aprobados, que fueron enviados a la Cámara de Diputados, implican que el IFAI adquiere el más alto poder en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues sus resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, amén de que será una institución de segunda instancia en casos de que sus homólogos de los estados entren en controversia con los ciudadanos.
Esta reforma se prolongó en la Cámara de Diputados, porque el PRI y el PRD decidieron renovar todo el pleno del IFAI, luego de la exhibición de sus diferencias internas; esta semana se intentó aprobar, pero el PAN rompió el quórum en comisiones, dado que se le hicieron cambios a la minuta que los panistas consideraron un retroceso.
Los integrantes de las comisiones unidas del Senado aún no logran ponerse de acuerdo sobre el futuro de las nuevas herramientas legales que tendrá México para combatir la corrupción.
Con la misma lógica que utilizó en el caso de transparencia, Enrique Peña Nieto presentó, nuevamente vía los senadores del PRI, su propuesta para crear la Comisión Anticorrupción; se realizaron foros de consulta durante varias semanas; en marzo se construyó el acuerdo, pero una parte del PAN decidió presentar una nueva iniciativa.
El miércoles de la semana pasada se frustró el último intento de construirla, a pesar de que ya había dictamen. El Senado no tiene fecha para su salida del Senado.
Presiona PRI por falta de consejero
El coordinador del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, informó que en los próximos días interpondrá un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral federal por no haberse concluido el proceso para elegir al consejero electoral que sustituirá a Sergio García Ramírez.
En conferencia, el diputado federal indicó que dicha elección es uno de los tres temas pendientes que debía resolverse en este segundo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, pues la Ley Electoral establece que debe ser a la brevedad dicha designación.
Beltrones Rivera precisó que la bancada del PRI tiene un plazo de cinco días, a partir de este 1 de mayo, para presentar este recurso, y aseguró que lo hará en tiempo y forma.
Comentó que los priistas se reservan el derecho de acudir a tribunales para hacerle saber que no se garantizó el derecho que tienen los miembros del pleno de votar a uno de ellos. “Esperaremos en su momento una resolución del Tribunal Federal Electoral en cuanto presentemos ese recurso”.
Sobre el tema del IFE y el nombramiento del consejero que sustituye a García Ramírez, dijo que como nunca antes se apoyaron los diputados en la Legislación.
Se elaboró una convocatoria muy precisa para este procedimiento que decantó a cinco finalistas que quedaron en conocimiento de la Junta de Coordinación Política para que uno de ellos fuera votado por el pleno en San Lázaro, por más de las dos terceras partes, expuso.
