CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo.- Los operativos antitrata en centros nocturnos no son improvisados y están respaldados por investigaciones de inteligencia previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Así lo aseguró el procurador de justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza tras las recientes protestas de trabajadoras de tables dance y cierres de estos lugares por parte de dueños debido a los operativos contra la explotación sexual en la ciudad.
Nosotros no realizamos operativos al azar. Nosotros cuando realizamos algún operativo en algún lugar que se considere es porque tenemos alguna investigación de inteligencia previa por la Procuraduría, es por eso que nosotros ingresamos a estos lugares. Porque ya lo dije yo: no vamos en contra de ningún trabajo, pero no vamos a permitir que exista trata en la Ciudad de México”, dijo.
Al finalizar su participación en el programa “Recuperación de Espacios tu Ciudad te Re-Quiere” en la delegación Álvaro Obregón, el abogado de la Ciudad de México celebró que durante su administración se han rescatado a más de 400 víctimas y se han obtenido 37 sentencias condenatorias a proxenetas.
Además de resaltar las sentencias favorables para la extinción de dominio en 20 inmuebles donde se ejercía la explotación sexual de mujeres y menores de edad.
Rodolfo Ríos mencionó que estos espacios podrán ser destinados por el GDF para promover la participación ciudadana y la cultura. El martes pasado bailarinas y trabajadores de centros nocturnos se congregaron en el Monumento a la Revolución para protesta en contra de los operativos que realiza la PGJDF y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
En el lugar manifestaron que no son explotadas y que es su única fuente de trabajo la que se les quita con los operativos.
Sin embargo, especialistas como Rosi Orozco, presidenta de Unidos contra la Trata, sostiene que las mujeres son obligadas por los dueños de estos inmuebles para que declaren a su favor.
En junio del año pasado bailarinas del Cadillac iniciaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) argumentando abusos por parte de la procuraduría, pero la investigación no procedió debido a que falsearon sus domicilios.
