CIUDAD DE MÉXICO, 8 de agosto.- Atado por su antigua Declaración de Principios, el PRI del 2008 impidió a Felipe Calderón que “privatizara” la industria petrolera nacional, porque argumentó que permitir la propiedad de refinerías y ductos no sólo violaba la Constitución, sino que atentaba contra la seguridad energética, al permitir que los privados tuvieran control de los hidrocarburos.
De los 28 cambios globales que hace cinco años propuso Felipe Calderón, el PRI, que tenía prohibido aceptar la participación de privados en la industria petrolera, rechazó 15, pero accedió a hacer precisiones y matices para que la industria tuviera un mayor margen de colaboración con el sector privado, al crear un modelo de contratos único, que sin embargo resultó insuficiente, según los análisis de diversos especialistas.
Ratificamos el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y demás recursos naturales del subsuelo.” numeral 19 de su Declaración de Principios del Partido Revolucionario Institucional
Calderón propuso acotar a “áreas estratégicas” la rectoría del Estado en la actividad petrolera; el PRI no lo aceptó.
Otra de las diferencias de fondo fue en lo referente a la propuesta de Calderón de permitir que los particulares participaran de las actividades de refinación, distribución y almacenamiento del crudo y gas, lo cual el PRI rechazó, porque argumentó que un particular no puede ser dueño de estas instalaciones estratégicas, porque se convierte en un riesgo a la seguridad energética nacional.
El resto de las diferencias entre ambas posiciones se solventaron en la discusión que dio origen al actual marco legal petrolero; los que se rechazaron de manera definitiva fueron los referentes a la propiedad del sector privado de instalaciones petroleras.
Pero en 2008, el PRI tenía una Declaración de Principios que dejaba de manera expresa que sus integrantes no estaban de acuerdo con ningún tipo de privatización de Pemex, ni abierta ni velada, lo cual generó que el partido tuviera dos visiones.
Por un lado, los senadores de la LX Legislatura, entonces encabezados por Francisco Labastida Ochoa y Manlio Fabio Beltrones, que hablaban de la necesidad de permitir una mayor participación de los privados en la actividad petrolera nacional; pero por el otro estaban algunos, como Francisco Rojas, que incluso impugnó ante la Suprema Corte el modelo de contratos que se creó para permitir mayor flexibilidad a Pemex.
A diferencia de 2008, en marzo de este año, a instancias del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI logró los consensos en su interior para cambiar su Declaración de Principios.
Ahora, a diferencia del 2008, cuatro mil 148 priistas aprobaron ir por una reforma petrolera que permitirá mayor inversión privada, pero sin perder la propiedad de los hidrocarburos.
“Ratificamos el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y demás recursos naturales del subsuelo”, dice ahora el numeral 19 de su Declaración de Principios.
Además, su Plan de Acción ordena a sus militantes que “el objetivo de garantizar la seguridad energética del país y ofrecer productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos para todos los mexicanos, implica diseñar mecanismos para generar una mayor participación del sector privado en la generación de energía, manteniendo la propiedad y rectoría sobre los hidrocarburos y otras fuentes energéticas por parte del Estado y que sea éste garante del desarrollo nacional.
“La reforma que el partido defiende debe especificar claramente las responsabilidades de quienes definen la estrategia energética, de reguladores y operadores, para que se tome en cuenta el potencial del país y sus posibilidades reales. Se buscará garantizar que Petróleos Mexicanos (Pemex), sea la empresa de todos los mexicanos, incremente su productividad, amplíe su participación en los mercados, sirva más eficientemente al país y sea palanca de nuestro desarrollo, con un incremento en su capacidad y rentabilidad de inversión y que a la par de la reforma de la Hacienda Pública disponga de una mayor libertad en el manejo de sus recursos.
“Las propuestas del partido permitirán la recuperación financiera de Pemex, a través del establecimiento de un régimen fiscal competitivo para que le asegure contar con recursos propios y suficientes y cumpla con sus objetivos de manera eficaz y eficiente, estableciendo, modernizando y ampliando las plantas petroquímicas básicas y de refinación, fortaleciendo y ampliando las redes de ductos y tanques de almacenamiento, redimensionando el desarrollo científico y tecnológico y propiciando su integración, con un sistema de control y rendición de cuentas efectivo que permitan un manejo transparente de sus recursos, sistemas de operación y financiamiento. En paralelo se deben establecer límites razonables a la contratación de deuda de Pemex.
“Los organismos públicos estratégicos del sector energético deben tener autonomía de gestión, órganos de gobierno y dirección profesionales.”
Objeción priista
La Declaración de Principios del PRI frenó la reforma calderonista en 2008.
De los 28 cambios globales que propuso Felipe Calderón, el PRI rechazó 15, pero accedió a hacer precisiones y matices para que la industria petrolera tuviera un mayor margen de colaboración con el sector privado, al crear un modelo de contratos único.
Rechazó la propiedad privada en refinerías y ductos, pues violaba la Constitución y atentaba contra la seguridad.
Propuso acotar la rectoría del Estado; el PRI se negó.
El resto de las diferencias se solventaron en la discusión parlamentaria.
