CIUDAD DE MÉXICO, 8 de agosto.- Los 7 mil 600 millones de pesos destinados a acciones de seguridad en las entidades, se ejercen de forma discrecional y sin reglas claras, denunció María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común.
“Además es lo mínimo que tendríamos que tener bien hecho, los estados reportan como quieren cuando ya hay formatos electrónicos, una gran tecnología para poder hacer el reporte, para que podamos comparar un estado con otro y tener la oportunidad de que las buenas prácticas se repitan”, explicó.
En entrevista con Martín Espinosa para Grupo Imagen Multimedia, la activista explicó que de acuerdo al estudio Rendición de cuentas en el uso de los fondos federales para la seguridad pública de los estados y el Distrito Federal, elaborado por su organización y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), las entidades no aclaran sus cuentas, “más bien pareciera que se dedican a derrochar estos recursos.
“Las autoridades al final del día no cumplen con lo básico, vemos que ni en eso hemos sido capaces de adelantar. Aun cuando su fondo sigue con su naturaleza federal, que puede ser auditado por las autoridades federales, no lo auditan, o hacen como que lo auditan pero no lo hacen”, acusó.
Asimismo, la directora explicó que las Contralorías de los estados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional son los encargados de verificar la operación de dichos recursos. Sin embargo, apuntó que en este estudio se encontraron diversas irregularidades, como la falta de entrega de reportes trimestrales.
De las 11 entidades que se eligieron para el estudio debido a su alto nivel de población y de crímenes, los que destaca el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, y Tabasco; sólo Durango entregó los datos solicitados, ya que el resto argumentaba que era información de seguridad nacional.
