CIUDAD DE MÉXICO, 4 de agosto.- Aficionado al tenis, deporte que practica desde su infancia, Alfredo Castillo Cervantes, procurador federal del Consumidor, ha mostrado los reflejos para jugar en cualquier tipo de cancha ante el rebote rápido de las circunstancias.
El 25 de julio Castillo Cervantes cumplió 38 años, con más de diez en el servicio público, también es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hombre de confianza del presidente Enrique Peña Nieto.
Cuenta con tres licenciaturas, una en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), otra en Ciencias Políticas y Administración Pública, que cursó en la Universidad Iberoamericana, y en Economía Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial.
Su actual cargo, como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo recibió de manos del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, por indicaciones del Presidente de la República.
De esta manera se intentó corregir una mala jugada protagonizada por Andrea Benítez González, la hija del anterior titular de ese organismo, Humberto Benítez Treviño, y difundida ampliamente por las redes sociales en internet. El viernes 26 de abril, Andrea llegó al restaurante Maximo Bristrot en la colonia Roma, y con el argumento de no haber recibido la mesa que quería, además de haber tenido una larga espera, movilizó a inspectores de la Profeco para que clausuraran el lugar.
Esa misma tarde Andrea Benítez se convirtió en #LadyProfeco en las redes sociales, y su padre, convaleciente de una operación, comenzó a recibir críticas y presiones.
El incidente iba contra la imagen promovida por la Presidencia de la República contra actitudes de prepotencia o abuso de autoridad; había que corregir la jugada.
El presidente Enrique Peña Nieto destituyó a Benítez Treviño como titular de la Profeco y se iniciaron las consultas para buscar un sucesor, lo que ocurrió el 21 de mayo de este año, cuando se hizo el nombramiento de Castillo Cervantes.
Ahora, el nuevo encargado de cuidar los derechos de los consumidores ha anunciado, entre otras cosas, que se solicitará el apoyo de fuerzas federales para fortalecer la realización de operativos de verificación por parte de la Procuraduría a su cargo.
Tras su llegada a la Profeco se han realizado acciones que han causado impacto en los medios de información.
La Procuraduría informó en julio que colocó sellos de suspensión en 15 hoteles de las zonas de Polanco, Reforma Centro y Centro Histórico de la Ciudad de México por incurrir en prácticas comerciales abusivas y aplicó una sanción de 684 mil pesos en contra de la cadena transnacional de hamburguesas McDonald’s por colocar leyendas inexactas en el producto denominado Cajita Feliz.
También, resolvió imponer una multa de dos millones 33 mil pesos a la empresa Genomma Lab Internacional por el uso de “publicidad engañosa que perjudicaba la economía e intereses de los consumidores”.
El mismo Castillo Cervantes aseguró que la dependencia a su cargo, con ayuda de la sociedad, se transformará para ser la institución más operativa de la historia en favor de la población.
Cambio de cancha
Antes de esta encomienda, en diciembre de 2012, Castillo Cervantes recibió la indicación de integrarse a la plantilla de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), para hacerse cargo de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
En los seis meses que estuvo en este cargo, dos sucesos marcaron el paso del funcionario por la PGR, en los que personalmente encabezó las investigaciones:
El primero fue la explosión en el sótano de la Torre B2 del complejo administrativo de Pemex, la tarde del 31 de enero del presente año, que tuvo un saldo de 37 personas muertas.
Castillo Cervantes se encargó de coordinar los trabajos que diferentes grupos de peritos comenzaron a realizar para establecer las causas de la explosión y presentar los primeros avances.
En el dictamen final de la PGR se establece que el estallido se debió a una acumulación de gas.
El segundo, un saque as: la noche del 26 de febrero, en el Salón Independencia de la PGR, el titular, Jesús Murillo Karam, informaba que en el Aeropuerto Internacional de Toluca había sido detenida la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.
En esa conferencia, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo fue el encargado de detallar la manera como la profesora y sus colaboradores Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, y la empresa Gremio Inmobiliario El Provisor, realizaron movimientos irregulares de dos cuentas bancarias del sindicato por más de dos mil 600 millones de pesos.
Castillo Cervantes detalló la forma en que supuestamente los recursos se usaron para pagar tarjetas de crédito, saldos de tiendas y galerías de lujo en Estados Unidos, renta de aviones y capacitación a pilotos y hasta cirugías plásticas, todo en favor de Gordillo Morales.
Estas investigaciones por parte de la PGR se realizaron a partir de pesquisas iniciales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Alberto Bazbaz Sacal.
Doble falta
La mancuerna Castillo Cervantes y Bazbaz Sacal ya había trabajado en conjunto anteriormente, y no con buenos resultados.
Ambos tuvieron un duro revés en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, entre los meses de marzo y mayo de 2010, cuando en la entidad era gobernador el actual Presidente de la República.
La señora Lisette Farah denunció, en medio de contradicciones y narraciones poco claras, que su hija Paulette, de cuatro años, había sido secuestrada o robada del interior de su departamento, en el conjunto Porto Vita, de Huixquilucan, el 21 de marzo de ese año.
Bazbaz Sacal era titular de la Procuraduría mexiquense y su subprocurador, Castillo Cervantes, estuvo a cargo de las investigaciones que incluyeron interrogatorios a los padres del menor, el personal doméstico y familiares; fueron revisadas imágenes de las cámaras de seguridad y el interior del departamento de la familia Gebara Farah.
Los días pasaron y no había rastro de la menor, cuya imagen era difundida por todo el país.
Luego de diez días de investigaciones, de la entrada y salida de peritos e investigadores, el cuerpo de la menor fue encontrado bajo el colchón, a los pies de su cama, y se concluyó que la niña Paulette murió de manera accidental.
Las explicaciones por parte de las autoridades no fueron suficientes para mantener a Bazbaz Sacal en su cargo, y el entonces gobernador Enrique Peña Nieto designó a Castillo Cervantes para hacerse cargo de la Procuraduría local, y posteriormente fue ratificado, al cambio de administración, por el mandatario entrante, Eruviel Ávila Villegas.
Entre otros cargos, el ahora procurador federal del Consumidor fue asesor del ex procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha. En la misma dependencia ocupó el cargo de director de Planeación Estratégica de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
Y en la también desparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal fue director de Concertación, Modernización y Profesionalización y director de Servicios de Seguridad Privada.
Aficionado
Como tenista, Castillo Cervantes practica regularmente esa actividad, quienes lo han visto jugar dicen que es bueno al atacar hacia la red. Formó parte de seleccionados para participar en algunos torneos cuando estudió la preparatoria y la universidad.
Del llamado deporte blanco, André Agassi y Rafael Nadal son sus ídolos.
